PERIÓDICO MICROFINANZAS № 127

Portada de la edición impresa del periódico Microfinanzas correspondiente a la quincena 1-15 de junio de 2015. 

PERÚ PROMUEVE

Perú tiene un marco normativo en materia de contrataciones que promueve la inclusión de criterios sustentables en las compras públicas, revela el "Informe: Impacto y avance de la compra pública sustentable en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de los Estados Americanos. 

El informe fue entregado a los representantes de los países participantes en la conferencia virtual organizada por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), donde Perú participa a través del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estados (OSCE). 

En la conferencia se presentaron los resultados del monitoreo del impacto y avance de las compras públicas sustentables y resalta América Latina y el Caribe, donde Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Perú, consideran a las compras públicas sustentables como un factor importante y necesario para promover la economía verde y sostenible.

Por Perú participaron los funcionarios del OSCE como el director técnico normative, Sandro Hernández; así como la jefa de Logística, Sabina Olguín y los especialistas Denise Román, Carla Torres y Ana Gabriela Chávez.

La RICG fue constituida en 2008 y está integrada por las instituciones gubernamentales de los 32 países de América Latina y el Caribe, que tienen la máxima responsabilidad relacionada con la regulación, gestión y modernización de las compras públicas. Además de estos países, está compuesta por la OEA, que actúa como Secretaría Técnica;  el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.

El OSCE es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.

Es el organismo encargado de velar y promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado. Supervisa y fiscaliza de forma selectiva los procesos de contratación que realizan las Entidades bajo el ámbito de la citada normativa.

ALDEAS INFANTILES SOS ATENDERÁ ESTE AÑO A MÁS DE 8,600 NIÑOS EN TODO EL PAÍS

Gracias al aporte de más de 21 mil donantes voluntarios, Aldeas Infantiles SOS Perú, organización de desarrollo social con 40 años de ininterrumpida labor por la infancia peruana, podrá atender a 8,600 niñas, niños y jóvenes directamente en las nueve regiones donde interviene.

Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo, Rober Aphang Lam; en su discurso de presentación de la gestión 2014 celebrada en la Asamblea General de esta organización, realizado en el Club Empresarial.   

Allí se informó que se proyecta atender a una gran cantidad de niñas y niños peruanos. “Se proyecta atender en servicios de acogimiento y fortalecimiento un total de 8,600 niñas, niños, jóvenes y familias, enfocándonos como siempre en la calidad de atención y en el absoluto resguardo y promoción de los derechos fundamentales que todo niño, niña y adolescente merece”, resaltó Aphang Lam.

Indicó además que entre las metas de este año está la consolidación de alianzas con el Estado, y contar con una estructura organizacional fuerte y flexible que responda al desarrollo de los programas, al entorno local y que contribuya a la sostenibilidad.

Como todo año, Aldeas Infantiles SOS nombró a sus nuevos Embajadores SOS, los cuales recayeron en la reconocida repostera Sandra Plevisani, y los populares esposos Katia Condos y Federico Salazar.

La nota emotiva se dio con el reconocimiento al popular Jorge “Chupo” Arriola, por su apoyo constante a la organización desde hace muchos años como Embajador SOS, nombrándosele Asociado.

Es importante mencionar que Aldeas Infantiles SOS cuenta actualmente con 12 aldeas en nueve regiones del país, su labor es fortalecer familias y comunidades buscando prevenir la pérdida del cuidado familiar, y atendiendo a niñas y niños que han perdido el cuidado familiar.

RECUPERARÁN CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

La Municipalidad de Lima elabora un plan destinado a regular el uso comercial de las casonas utilizadas como negocios en el “Damero de Pizarro”, a fin de transformar doce manzanas del centro histórico de la ciudad en espacios turísticos, culturales y comerciales de alto nivel.

Luis Gayoso, gerente de Desarrollo Económico de la comuna limeña, explicó que el proyecto busca estimular al empresariado para que rente las casonas antiguas que vienen siendo desocupadas por los comerciantes gráficos desalojados de esa zona histórica y que han sido reubicados a otros lugares de la capital.

Resaltó que, como parte del proceso de revalorización del centro histórico, se logró recuperar más de 200 inmuebles antiguos ubicados en el cuadrante formado por la Av. Tacna, Jr. Conde de Superunda, Camaná y Av. Emancipación que eran ocupados por negocios de imprenta desde finales de la década del 90.

También se ha logrado retirar a cerca de mil 400 imprentas informales que utilizaban insumos químicos para su labor, lo cual generaba un grave daño al medio ambiente y a la salud de la población; además, de producir inseguridad y alta congestión vehicular en esa importante zona de la capital.

El funcionario manifestó que ahora se cuenta con una bolsa inmobiliaria que bien puede ser utilizada por personas o empresas interesadas en alquilar esos predios para darles un uso más adecuado y competitivo en el rubro cultural, turístico y gastronómico.

“Queremos impulsar la modernización y el desarrollo competitivo del centro histórico de Lima, promoviendo la constitución de restaurantes, galerías de arte, café teatros, librerías, centros turísticos con un mejor nivel operativo “, expresó el funcionario.

De otro lado, Luis Gayoso informó que la comuna limeña inició la segunda etapa del plan de recuperación del centro histórico para retirar a las imprentas informarles que se encuentran en los jirones Puno, Azángaro, Chancay y Cañete.

LIBRO: EVANGÉLICOS EN LA POLÍTICA PERUANA

PARLAMENTO CONMEMORÓ 192 ANIVERSARIO DEL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE

El Congreso de la República conmemoró el 192º aniversario de la instalación del Primer Congreso Constituyente, el 20 de septiembre de 1822, con una Sesión Solemne que se desarrolló este miércoles y en la que participaron representantes de los poderes del Estado, parlamentarios andinos, autoridades regionales y locales, cuerpo diplomático y representantes de instituciones públicas.

El trascendental acto, que se inició con la entonación del Himno Nacional, contó con la presencia de numerosos invitados especiales, y permitió recordar que un día como hoy se inició nuestra vida republicana, y que, conforme a una ley dictada un mes después de su instalación, constituye un ‘Día de Fiesta Nacional’.

El hito histórico fue recordado con la lectura del discurso de despedida que pronunció el Generalísimo don José de San Martín ante el recién instalado Congreso Constituyente, al despejarse de la banca bicolor y renunciar al mando supremo de la Nación.

En esa oportunidad, San Martín concluyó con las palabras: “Peruanos: Desde este momento queda instalado el Congreso Soberano, y el pueblo asume el poder supremo en todas sus partes”.

En ese discurso, cuya lectura estuvo a cargo del congresista Daniel Abugattás Majluf, el Generalísimo proclamó: “Peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes”.

Luego, la legisladora Martha Chávez Cossío leyó el discurso del primer presidente del Congreso Constituyente, Francisco Javier de Luna Pizarro, en el que este afirmó que el mayor peligro de la naciente república era la anarquía, y advirtió que estaba “sembrado de ruinas ajenas el camino que vamos a recorrer”.

En esa oportunidad, el prócer añadió: “Cuando la representación del Perú se reúne por primera vez para tratar sobre los augustos intereses de la patria, nuestros ojos deben volverse a las célebres asambleas deliberantes del mundo, donde la experiencia y la reflexión han descubierto el camino de llegar a su fin, que es la expresión de la voluntad general”.

Entonces, Luna Pizarro concluyó su alocución encargando a los espectadores “un profundo silencio (…) porque si las galerías llegan a tomar ascendiente en las deliberaciones del Congreso, el resultado sería la anarquía”.

Por último, Daniel Mora Zevallos se encargó de recordar la ley promulgada el 30 de octubre de 1822, por el entonces presidente de la Junta Gubernativa, don José de La Mar, en la que se dispone que el 20 de septiembre de cada año se considere ‘Fiesta Nacional’.

Esa fecha, dispone la norma, debe consignarse en el calendario para “perpetuar la memoria del venturoso día en que, por primera vez, se reunieron los representantes del pueblo peruano, mediante cuyo acto declaró y puso en ejercicio su soberanía consiguiente al Juramento de Independencia que tiene ratificada”.

La Sesión Solemne fue oportunidad para que la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano Pérez, instara a sus colegas a volver a hacer del Parlamento la fuente principal del debate de los problemas nacionales, y de la presentación de propuestas legislativas que contribuyan al desarrollo del país y la eliminación de la pobreza. “Debemos seguir el ejemplo de nuestra historia y de nuestros precursores”, dijo la congresista.

En su breve discurso central, la titular del Parlamento recordó a los próceres que, con sus ideas, promovieron la conciencia nacional que condujo a la independencia de nuestro país y la construcción de nuestra República.

LEY UNIVERSITARIA FUE LA MÁS IMPORTANTE

La nueva ley universitaria es una de las propuestas legislativas, más importantes aprobadas por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, y por el pleno del Congreso, en la legislatura 2013-2014, según Daniel Mora Zevallos, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Aproximadamente 52 proyectos de ley fueron presentados por congresistas de diferentes bancadas, y sirvieron de base para redactar el importante dictamen, que forma parte de la trilogía de normas tendentes a solucionar la crisis por la que atraviesa la educación peruana: Ley Magisterial, Ley de Moratoria para la creación de nuevas universidades y la propia Ley Universitaria.

La redacción y corrección de la normatividad de más de 120 artículos que se ha trabajado a lo largo de dos años y medio, y su contenido fue expuesto en sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias y audiencias públicas realizadas en las 139 universidades que hay en el país, 50 públicas y 89 privadas. 

También en foros nacionales e internacionales. Aún se recuerda la reunión conjunta realizada por las comisiones de educación del Parlamento del Perú y de Chile. Los representantes del país sureño, que afronta un problema similar en su patria, destacaron las bondades del proyecto universitario nacional. 

La reforma universitaria tenía que extirpar, desde sus raíces, los problemas de inmoralidad, corrupción y, sobre todo, erradicar el pensamiento y el propósito de haber convertido a las universidades como centros donde se impartía la educación con fines de lucro, expresó el legislador.

El arduo trabajo se centró en tener una nueva universidad de calidad y de investigación que esté al alcance de todos, especialmente para los más pobres. En esta noble misión tuvo una especial labor el Consejo Consultivo, integrado por ex ministros de Educación y rectores de las principales universidades del país.

Para el congresista ha llegado el momento de que la universidad peruana recupere el tiempo perdido y se constituya en un verdadero centro de investigación y forjador de los peruanos del futuro. Porque se tendrá una nueva ley después de 31 años.

“Es un paso adelante el que se ha dado. Los resultados se verán dentro de pocos años. En lo inmediato ha significado la derrota de las mafias que prácticamente se apropiaron de diversas universidades públicas y privadas para promover el negocio rápido con el apoyo de sectores retrógrados de la política nacional”, expresó. 

Dijo también que el proyecto define a la universidad como una comunidad de docentes, estudiantes y graduados, más allá de que sea pública o privada, con fines de lucro o sin ellos. Estos son los agentes de la universidad y su presencia se expresa en los órganos de gobierno.

Agregó que no se entiende la autonomía universitaria como autarquía de cada universidad, lo que ha conducido a la corrupción actual, sino como la independencia necesaria para el ejercicio responsable de la actividad académica y administrativa en los marcos de la Constitución y la ley. 

Se establece, asimismo, una entidad reguladora denominada superintendencia, que vela por la calidad de la educación universitaria y se encarga de dar o negar autorización para el funcionamiento de las universidades. Reúne toda la legislación sobre la universidad que se encontraba dispersa en cinco normas con rango de ley, en una sola pieza legislativa. 

También se establece un régimen académico flexible para que cada universidad lo adecúe a sus necesidades. Señala la obligatoriedad de los estudios generales. Pone con claridad los requisitos para acceder a grados académicos y título profesional, buscando evitar el facilismo para conseguir los mismos.

Devuelve el trabajo final de investigación o tesina para obtener el bachillerato. Promueve la investigación al señalar que es una actividad obligatoria, en sus distintos niveles, para cada universidad. Establece la categoría de profesor investigador con un 50% de bonificación sobre su haber total. Se establece el vice rectorado de investigación y el vice rector administrativo pasa a ser un director de administración nombrado por el rector. 

Garantiza la elección directa, por voto universal y ponderado, de las autoridades en las universidades públicas. El rector y vice rectores son elegidos en una sola “plancha” para evitar posteriores desacuerdos entre ellos. 

La comunidad universitaria integrada por docentes y estudiantes, debe expresarse en el gobierno de las universidades privadas. El Consejo Universitario y Consejo de Facultad se convierten en órganos con menor número de integrantes.

El Comité Electoral que inicia el proceso de cambio de autoridades esté conformado por los profesores más antiguos en cada categoría y por los alumnos con mejores notas, para evitar el control de las elecciones por los grupos mafiosos. 

Se establece mayores exigencias (maestría y doctorado de acuerdo al nivel) para el desempeño de la labor docente. Un 25% de docentes a tiempo completo debe haber, en un plazo de cinco años, en cada universidad. 

Con respecto a las universidades privadas, se precisa enfáticamente que hay una diferencia entre lo privado y las actividades sin fines de lucro. Deben rendir cuentas al órgano regulador (superintendencia) sobre su estándar académico y sus cuentas. 

Para acceder a la exoneración de impuestos deben señalar con claridad a la SUNAT en qué reinvierten sus ganancias. Deben tener algún tipo de actividad de investigación. 

En relación a los estudiantes que desaprueben una materia en tres oportunidades serán separados de la universidad por un año para luego de ello tener la oportunidad de cursarla por cuarta vez. Si en la cuarta oportunidad son jalados se procederá a la separación definitiva.

Para ser representantes estudiantiles deben pertenecer al tercio superior de estudiantes en términos de calificaciones académicas. Los representantes estudiantiles no pueden realizar ningún tipo de cobro por su actividad de presentación.