La presidenta de la
Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, reveló que el perjuicio económico que la
constructora brasileña Odebrecht ocasionó al Estado peruano supera “los cuatro
dígitos” en millones de dólares. “La cifra exacta se hará pública una vez que
el grupo de trabajo apruebe su informe final”, señaló tras indicar que el
perjuicio lo estimamos con cada proyecto ejecutado. Explicó que
Odebrecht penetró en las estructuras del gobierno central, en los gobiernos
regionales y locales; y que fue una empresa favorita que tuvo buenas
relaciones, no solo con los gobiernos, sino con casi todos los núcleos de la
sociedad.
Bartra dijo que se
ha determinado que esa empresa actuaba de la misma forma en todos los
proyectos. “Se paría de un pacto colusorio que allanaba el camino a través de
una serie de actuaciones, tanto de gobierno como parte de las empresas”.
Informó que se
aprobó el informe final sobre cuatro proyectos: Vial interoceánica, Gasoducto
Sur Peruano, Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2), Interoceánica del Sur y
Centro de Convenciones de Lima, Hospital Antonio Lorena del Cusco y Central
Hidroeléctrica Chaglla. Se espera que se aprueben la totalidad de los informes
de la comisión que preside y que inició su trabajo en enero del 2017.
Afirmó que durante
el debate y a pedido y observación de algunos miembros de la comisión, se ha
solicitado que se agreguen a otras personas naturales y también jurídicas para
que puedan ser investigadas.
Bartra dijo que
hasta el momento se están evaluando 18 acusaciones constitucionales, 116
responsabilidades penales, 25 de índole administrativo y cuatro de
responsabilidad civil. “El reglamento del Congreso me obliga a guardar reserva
de quienes son hasta que este informe sea aprobado por el pleno”, explicó ante
la pregunta de los periodistas que solicitaban precisar a los involucrados.
Sólo dijo que hay
altas autoridades mencionadas en los informes, incluyendo ex presidentes y ex
ministros “con recomendación de denuncia constitucional, es decir
responsabilidad política, y con recomendación de denuncia penal”.
Declaró que las recomendaciones
aprobadas en la comisión y posteriormente por el Pleno del Congreso, serán
derivadas al Ministerio Público para que, como titular de la acción penal, haga
buen uso del informe, así como a la Contraloría General de la República y a la
Procuraduría, indicó.
Bartra también
sostuvo que si se hubiera tenido una visión de Estado con el Congreso y Poder
Judicial trabajando de manera coordinada, la investigación habría terminado
antes. Por ejemplo, jueces y fiscales tuvieron el interrogatorio a Barata en
sus manos, pero el Poder Judicial, aduciendo reserva, nunca nos mandó esas
declaraciones; sin embargo, sí fueron filtradas a los medios de comunicación,
manifestó.
Bartra señaló que
en la población se tiene una sensación de impunidad debido a que no hay sanción
para el que roba muchos millones. Por ello, agregó, espero que el proceso de
extradición al exmandatario Alejandro Toledo no demore. Es uno de los más
grandes farsantes que ha tenido el país. Que venga y de la cara, expresó.
La legisladora
también sostuvo que en este caso la fiscalía no ha cumplido a cabalidad con su
rol de persecución del delito. Desde diciembre del año 2016 se tenía
prácticamente cerrado el caso porque se conocía la ruta del dinero que recibió
de coima, sin embargo, lo dejaron ir, dijo.
Cuestionó que
algunos declaren que les indigna lo que hacen sus adversarios políticos, pero
no se indignan por lo que hacen sus amigos. “Aquí hay que investigar caiga
quien caiga, pero con responsabilidad, respetando criterios de presunción de inocencia.
No podemos extremar si no hay elementos de convicción. Solo concluimos que hay
la comisión de presuntos delitos cuando hay pruebas. Hay criterios de
responsabilidad que no podemos trasgredir, indicó.
No puedo especular,
pero creo que el Ministerio Público ha sido muy tolerante con delitos de alto
impacto económico, social y moral para el país. Aquí se debe hacer una
investigación más severa. Debemos perseguir la corrupción caiga quien caiga.
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