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| INDIRA HUILCA FLORES Congresista del Perú |
A dos años de haberse dado la ley para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se pudo
comprobar que aún existen problemas operativos y de presupuesto para su
implementación, especialmente en el proceso de protección de víctimas y
juzgamiento de los agresores. Estos y otros aspectos de la Ley 30364, fueron evaluados por la
Defensoría del Pueblo, Ministerios de Justicia y Mujer; Policía
Nacional, Instituto de Medicina Legal y otras instancias que fueron
convocadas desde el despacho de la legisladora Indira Huilca y ASPEM (Asociación
Solidaridad Países Emergentes).
Los invitados coincidieron que existen diversos puntos que entrampan la
aplicación de la norma de protección a las víctimas como la falta de
notificaciones oportunas a los agresores (antes que se vuelva un problema
mayor), el reiterado incumplimiento del mandato de alejamiento, la falta de
casas de acogida, escaso número de cámaras Gesell, entre otros.
Las propuestas que se evaluaron para aplicar la norma fueron el uso
de la tecnología para notificaciones (incluso por celular), geolocalización de
agresores, mecanismos de resguardo del hogar donde se suscita violencia
familiar mediante patrullajes policiales localizados, mayor coordinación entre
el Poder Judicial y la PNP.
Contemplar, asimismo, mecanismos que unifiquen procedimientos de
atención integral que ahora se tratan en paralelo como procesos
judiciales de tenencia y alimentos que se afrontan
desde diferentes juzgados y en diferentes procesos.
También, implementación de cámaras Gesell rodantes o itinerantes,
incidencia en la capacitación de los operadores de justicia y miembros de la
Policía Nacional que tendrán a su cargo la canalización de las denuncias de
violencia familiar y sexual, incentivos económicos para los profesionales
médicos y psicólogos que ejercen la medicina legal, ampliación de horarios de
atención legal en zonas rurales y en fines de semana, donde crece el
número de denuncias.
Usar elementos de la tecnología como la geolocalización, notificación
por teléfono, la policía debe coordinar con el Poder Judicial, con la Comisión
de Justicia de Género del Poder Judicial, la Defensoría hacer un mapeo general
de la atención a la mujer y otros aspectos de capacitación que se debe
implementar para difundir la norma.
La legisladora Huilca Flores anunció que uno de sus objetivos para este
año es lograr presupuestos específicos para la implementación de la norma
evaluada que deberán ser aplicados el 2019. El presidente Vizcarra se refirió a
la creación de un observatorio para centralizar la data de atención a los
casos de agresiones desde todas las instancias de Gobierno, especialmente
desde el Ministerio de la Mujer, pero tampoco se le ha asignado recursos,
señaló.
Tenemos la data dispersa. La ley cuando se creó modificó el
procedimiento de atención a la víctima, a partir de la violencia de la mujer se
creó un observatorio de data donde se incluya todas las acciones de las
diversas instancias de gobierno, pero no se ha adecuado de la mejor manera.
No hay data procesada. Necesitamos data objetiva
que sustente acciones del gobierno como del Legislativo, necesitamos que las
leyes se cumplan. Orientar los recursos hacia ello, sostuvo Huilca Flores.
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