La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria, en coordinación con el despacho de la congresista Flor Pablo Medina, desarrolló la mesa de trabajo denominada “Respuesta del Estado a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre violencia y embarazo infantil en el Perú». El evento, que se realizó en la sala Martha Hildebrandt, tuvo como objetivo escuchar a los especialistas y expertos en la materia para tener una dimensión estratégica, acelerar los procesos de prevención y eliminar de toda forma de violencia en contra de los niños y niñas.
“Queremos colocar en la agenda política
nacional la problemática que envuelve a la infancia. El maltrato y abuso sexual
infantil en todas sus formas son una evidencia más de la situación generalizada
de violencia a las que están sometidas esta población vulnerable sin que las
instituciones del Estado consigan aún articular respuestas oportunas y
efectivas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia”, sostuvo la
congresista Esmeralda Limachi Quispe, presidenta de la referida comisión
especial.
Asimismo, hizo un llamado para
armonizar los marcos jurídicos con los estándares interamericanos para combatir
este tipo de violencia y asegurar protecciones especiales y reforzadas a las
niñas y adolescentes del Perú.
Por su parte, el congresista Roberto
Sánchez Palomino (Cambio Democrático – JP), durante su alocución, informó que
en el Centro Emergencia Mujer (CEM) Monserrat hay déficit de personal y que la
burocracia del sistema de justicia trunca la continuación de un caso.
“Al CEM Monserrat llegan
aproximadamente 40 casos mensuales, pero solo se atiende a 25. La mitad de los
casos denunciados se caen por los trámites engorrosos del sistema de justicia.
Las citas para que pasen por la cámara Gesell demoran un año. Hoy denuncian,
pero deben esperar un año para que sean observadas”, puntualizó.
La parlamentaria Flor Pablo Medina
(No agrupado) expresó que un niño o niña violentada no tiene posibilidades de
rehacer su vida si el Estado no interviene para acogerlo, sanarlo y acompañarlo
en su desarrollo. Por ello, solicitó que se ejecuten las recomendaciones del
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
DICTAMEN DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO SOBRE EL CASO CAMILA
Luis Ernesto Pedernera Reyna,
vicepresidente del Comité Derechos del Niño de Naciones Unidas, expresó que el
dictamen emitido es de carácter vinculante para el Estado peruano y que
modifica la normativa que regula el acceso a la interrupción terapéutica para
prever su aplicación específica a las niñas, en consideración de su interés
superior y el principio de no revictimización.
“Hablo en representación de los 18
miembros del Comité y expreso que el Estado debe cumplir con las obligaciones
que surge de este dictamen. La decisión del Comité es una decisión que ha
cambiado un poco la jurisprudencia en materia de acceso a interrupción
voluntaria del embarazo”.
El comité ha instado al Estado a que
despenalice el aborto para que las niñas puedan, en condiciones seguras,
abortar y ser atendidas tras hacerlo, así como a revisar la legislación para
asegurar que se atienda el interés superior de las adolescentes embarazadas y
se escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con
el aborto.
Asimismo, expresa que el Estado
peruano incumplió su obligación de proteger a Camila frente a la violencia y de
promover su recuperación física, psicológica y reintegración social.
El dictamen establece que el Estado
peruano debe otorgar una reparación efectiva a Camila por las violaciones
sufridas, que incluya una indemnización adecuada por el daño sufrido y un apoyo
para recomponer su vida, entre otros aspectos para proseguir sus estudios.
CONCLUSIONES
Se invocó a activar el Consejo de
Estado para abordar el dictamen del Comité de los Derechos del niño de las
Naciones Unidas sobre violencia y embarazo infantil en el Perú. Así mismo,
impulsar, desde el Congreso, iniciativas legislativas para despenalizar el
aborto en casos de violencia sexual en menores de edad.
Además, se acordó realizar sesiones
mensuales de seguimiento a la implementación por parte del Estado sobre
violencia y embarazo infantil.
Participaron en la reunión el
viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Ricardo Peña Sánchez; la
jueza superior del Poder Judicial, Elvira Álvarez Olazába; la representante de
la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del grupo familiar, Fiorella Janeth Félix Acosta.
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