El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, la moción que exhorta a los 130 legisladores a que se realicen un test de titulación de anticuerpos neutralizantes postvacuna para descartar que alguno de ellos se haya vacunado con el lote de vacunas proporcionadas por el laboratorio Sinopharm para ensayos clínicos. 111 parlamentarios se pronunciaron a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones en la sesión conducida por el segundo vicepresidente, Luis Roel Alva.
“(…) Los congresistas asumirán el
costo del test de titulación de anticuerpos neutralizantes postvacuna”, señala
el documento aprobado.
También se exhorta a los titulares de
la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la Republica, Presidencia de
la Corte Suprema, Junta de Vocales Supremos, Fiscalía de la Nación, Junta de
Vocales Supremos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, altos
mandos del Comando Conjunto, miembros del Jurado Nacional de Elecciones para
que se realicen dicho peritaje
Así también, a los titulares de la
Oficina Nacional de Proceso Electorales, Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, Junta Nacional de Justicia, magistrados del Tribunal
Constitucional, gobernadores regionales, alcalde de Lima Metropolitana, así
como los ministros actuales, viceministros y exministros de Estado del Gobierno
actual y anterior (Vizcarra).
Precisamente, Manuel Merino De Lama
(AP), ponente de la Moción 13857, solicitó en el inicio del debate que los
integrantes de las diversas bancadas incorporen sugerencias para mejorar la
iniciativa, que tiene el fin de reivindicar al Parlamento.
Arón Espinoza Velarde (PP) manifestó
de inmediato que, de acuerdo con información recibida, hay un laboratorio
argentino, de costo bajo, que las realiza, y pidió que se incluya en el texto
sustitutorio que los congresistas asumirían el costo de dicha prueba, que sería
de 18 dólares.
Ricardo Burga Chuquipiondo (AP), más
adelante, respondió que no es necesario viajar a la ciudad de Argentina para
hacerse la prueba; más bien, podría realizarse un convenio con dicho
laboratorio; y planteó elegir una comitiva de tres congresistas médicos para la
elección del laboratorio, lo que se incluyó en el texto sustitutorio.
Lenin Checco Chauca (FA) pidió
recordar que la crisis de la salud pública es culpa del señor Vizcarra y
continúa durante el actual Gobierno. “No hay cambios, todo continúa como
siempre, en la misma situación caótica, esto no es de ayer, este es de un
espacio sistémico. Tiene un nombre: una Constitución que no permite, en estos
tiempos, controlar los precios”.
Diethell Columbus Murata (FP) señaló
que su bancada está plenamente de acuerdo con la moción presentada, porque
nadie va a discutir la necesidad de transparentar la verdad; sin embargo, había
que pensar en las formalidades, porque la Constitución no obliga a que una
persona se someta a un examen médico.
En segundo lugar, dijo, hay que ser
prudentes, porque no vaya a ser que aquellos parlamentarios que ya han tenido
COVID-19 el resultado les salga positivo y todos los van a querer linchar. “No
vaya a ser que, por el ímpetu de la moción, resulte algo peor, y eso provocaría
una ola de desprestigio contra el Parlamento”.
Carlos Almerí Veramendi (PP) indicó
que hay que aclarar el derecho a la confidencialidad y a la intimidad personal,
por tanto, ninguna ley seria obligatoria para cualquier ciudadano o cualquier
parlamentaria, pero el objetivo es dar una muestra de transparencia al
ciudadano
A su vez, Daniel Oseda Yucra (Frepap)
exigió que, si alguien se vacunó en secreto, debe dar la cara, y de que allí la
necesidad de que se fortalezca el principio de transparencia, que debe ser
transversal en toda la función pública.
Por su parte, Daniel Olivares Cortez
(PM) dijo que, a pesar de que apoya la moción, es lamentable que sea necesaria.
Hay una crisis de desconfianza, indicó, y eso nos afecta mucho como país. Si
seguimos adelante, hay que hacerlo bien. Por ello, estuvo de acuerdo con lo
propuesto por Martha Chávez de convocar a un infectólogo para que brinde
asesoramiento.
Rolando Campos Villalobos (AP) dijo
que respecto a la COVID-19 no se conoce nada, es un enemigo desconocido.
“La efectividad de la prueba que nos
hagamos de repente nos lleva a confundir. Eso preocupa. Debemos pedir
asesoramiento. Si no vamos a quedar muy mal ante la opinión pública”.
Napoleón Puño Lecarnaque (APP)
lamentó que el sentido de la veracidad se haya perdido, pues “habiendo
presentado una declaración jurada, ahora se nos exija una prueba, como si no
sirvieran para nada”.
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