Con la aprobación de su Plan de
Trabajo, el equipo parlamentario encargado de analizar el contrato de concesión
Perú Rail y los servicios turísticos de la ruta Cusco – Machu Picchu,
encabezado por la congresista Rebeca Cruz Teves e integrado por los
legisladores Armando Villanueva Mercado y Ana María Choquehuanca, iniciará su
labor de análisis que se proyecta concluir en el mes de junio con la presentación
del respectivo informe final. EL acuerdo fue tomado con el voto
unánime de los legisladores que participaron en la sesión del jueves 17 que se
realizó en la sala 6 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de
la República.
“El grupo de trabajo realizará el
análisis del contrato y adendas de la ruta operada por la empresa Perú Rail y
examinará los contratos de concesión de los servicios turísticos que se prestan
en la ruta Cusco-Machu Picchu e identificará al concesionario y a los operadores
actuales de dicho tramo2, dijo la congresista Cruz Téves.
Del mismo modo se identificará a
los concesionarios con los cuales el Estado peruano celebró contratos de
concesión de los servicios turísticos (hotel, servicios higiénicos, transporte
y demás) que se ofrecen en la ruta Cusco-Machu Picchu y los operadores de
dichos servicios.
El Congresista Armando Villanueva
Mercado pidió revisar el contrato de concesión del Hotel Cusco y la situación
en la que se encuentra actualmente. “Este hotel está en una situación muy
difícil. Resulta que perteneciendo a la Beneficencia Pública de Cusco tenemos
como más de 18 años pendiendo de su refacción, puesta en valor, en condiciones
de prestar servicio. Una concesión decidida y realizada entre gallos y media
noche debe ser revisada”, subrayó el legislador.
Con la información obtenida el
grupo de trabajo hará los análisis pertinentes y evaluará el nivel de
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario y sus operadores
de dichos servicios. También determinará la necesidad de proponer
modificaciones contractuales o proyectos de ley con el propósito de mejorar el
transporte y los servicios turísticos de la ruta Cusco-Machu Picchu.
“El grupo de trabajo tendrá la
posibilidad de determinar la existencia, si la hubiera, de presuntas
irregularidades e infracciones administrativas, civiles y penales de los
servidores públicos de las diversas entidades públicas relacionadas, así como
de los concesionarios y sus operadores que resulten civilmente responsables”,
agregó la legisladora.
También recopilará información de
entidades públicas como la Contraloría General de la República, Proinversión,
Ositran, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Trasandino SAC, Perú
Rail, operadores logísticos públicos y privados, entre otros.
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