La necesidad de establecer un orden que permita una
convivencia pacífica entre peruanos y venezolanos, sin llegar a extremos
violentos de xenofobia, y además poder aprovechar la capacidad profesional o
técnica de esa población migrante que supera las 700 mil personas, fue
planteada por legisladores en la Comisión de Relaciones Exteriores. A la sesión asistió el ministro de Relaciones
Exteriores, Néstor Popolizio Bardales para explicar la posición del gobierno
peruano en torno a la migración venezolana.
Ante la preocupación de las congresistas Alejandra
Aramayo, Cecilia Chacón, Alberto de Belaúnde y Víctor García Belaúnde que
debido a actos irregulares cometidos por venezolanos pudiera generarse un
rechazo xenofóbico, el Canciller estuvo de acuerdo en deportar a aquellos
migrantes que cometen delitos menores, como robo de celulares y en caso de
delitos mayores (condena mayor a cuatro años) sean juzgados de oficio por el
Poder Judicial.
En otro momento, la congresista Mercedes Aráoz
Fernández subrayó que hay un sector de migrantes (50%) que se encuentra
capacitado para ejercer labores profesionales y técnicas que se podría
aprovechar y reducir la informalidad.
“La idea es aumentar la productividad del país y en
las zonas donde, por ejemplo, no hay médicos, enfermeras o técnicos insertar a
estas personas.
El Canciller dijo que la situación económica y
política social y humanitaria que atraviesa Venezuela ha generado la mayor
migración que se haya conocido en territorio sudamericano, situación que ha
generado que más de tres millones hayan salido de ese país desde el 2015. “Más
de 700 mil ya cruzaron nuestras fronteras y viven en el Perú”, informó Popolizio.
Subrayó que la migración ha tenido un impacto en el
mercado laboral y en nuestros sistemas de salud y educación porque nuestras
capacidades para atenderlos están desbordadas. Frente a esta situación –dijo
Popolizio- se están haciendo gestiones para conseguir apoyo técnico y económico
de organismos internacionales, pero recalcó que se necesita adecuar las
políticas públicas.
También dijo que se está evaluando una visa
humanitaria que se entregará únicamente a través del consulado en Venezuela que
permitirá tener una mayor y mejor información del ingreso de migrantes y se
está coordinando con el ministerio de Interior acciones para evitar el ingreso
informal por las fronteras.
GRUPO DE LIMA
En la sesión, el ministro recordó que el Grupo de
Lima emitió un comunicado en mayo de 2018 en donde no se reconoció la
legitimidad del proceso electoral realizado el 20 de mayo en Venezuela porque
no cumplió con los estándares de un proceso democrático, libre, justo y
transparente.
Dijo que el 10 de enero de este año, cuando Nicolás
Maduro asumió un nuevo mandato, producto de ese proceso fraudulento, el Grupo de
Lima desconoció la legitimidad de su presidencia y ratificó su respaldo a la
Asamblea Nacional de Venezuela como única autoridad elegida legítimamente en
diciembre de 2015.
“El 23 de enero el presidente de esa Asamblea, Juan
Guaidó, asumió como Presidente encargado contando con el apoyo de Perú en el
Grupo de Lima”, dijo Popolizio, quien remarcó el apoyo al proceso de transición
democrática para realizar nuevas elecciones con garantías que permitan a ese
país liberarlo del régimen dictatorial de Maduro.
EXTRADICIÓN
DE TOLEDO
En cuanto a éste tema, Popolizio dijo que el rol la
Cancillería es sólo de seguimiento del “Caso Toledo” que se inició cuando el cuadernillo
de extradición llego a la ciudad de Washington el 25 de mayo de 2018.
“Culminada la etapa de evaluación, el documento
pasó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde se verifica que
cumpla con los requisitos de legalidad. Es un proceso prolongado y hacemos
seguimiento permanente, pero ninguna institución está obligada a informarnos de
este proceso. Confiamos en que se siga y Toledo venga a responder por los
delitos que se presume que ha cometido”, concluyó.
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