Las
instituciones del Gobierno Nacional, durante el 2017, no podrán contratar
servicios de consultorías, asesorías, publicidad, impresiones, difusión e
imagen institucional a cargo de personas jurídicas y personas naturales, según
el artículo 9 del Presupuesto Público de 2017, aprobado la semana pasada por el
Pleno del Congreso. Este tema
originó preocupación en el debate de la Comisión de Presupuesto que preside la
congresista Cecilia Chacón. Se informó, por ejemplo, que el Ministerio de
Educación tiene 858 millones de soles para consultorías y 29 millones para
publicidad.
Durante la
sustentación de los presupuestos institucionales, que los titulares del Poder
Judicial y de la Fiscalía solicitaron demandas adicionales, las cuales, en su
conjunto, no llegan al presupuesto que tiene el ministerio de Educación para
consultorías.
Por su
parte, el MEF había presupuestado también altas cifras: para publicidad: 32
millones y 9 millones para consultorías.
En el
mismo artículo 9 del texto aprobado se establece que el presidente del Consejo
de Ministros, antes del 30 de marzo de 2017, expondrá ante la Comisión de
Presupuesto la ejecución presupuestal del Año Fiscal 2016 y el Presupuesto
Inicial de Apertura (PIA) del 2017.
Todo
girará en torno a la partida de gastos relacionados a consultorías, asesorías,
publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional y similares
desarrolladas por personas jurídicas y personas naturales.
“La
fiscalización de la comisión será severa “porque deseamos que el Presupuesto
General de la República llegue a los pueblos más necesitados, que los temas
políticos no se mezclen con las necesidades de los pueblos en situación de
pobreza y pobreza extrema”, expresó en su momento la titular de la comisión,
Cecilia Chacón.
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